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Estos días se cumple un año desde la irrupción del Covid-19, periodo caracterizado, entre otras cosas, por el incremento de la actividad normativa y del uso del decreto ley. ¿Para qué? Con el fin de contener la expansión del virus entre la población y amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en la economía. En concreto, según refleja la base de datos La Ley Digital de Wolters Kluwer, desde el 11 de marzo de 2020 (el día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel global) hasta hoy se han aprobado un total de 61 leyes de ámbito nacional, lo que supone un aumento de aproximadamente el 200% respecto a 2019.

En el extenso marco legal derivado del Covid-19 predominan especialmente los reales decretos leyes: un total de 39. Todo un récord en democracia. Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional en Icade, explica que este instrumento legal permite al Gobierno aprobar medidas de forma inmediata. También, añade que ayuda a posponer su convalidación parlamentaria hasta 30 días, siempre que se den situaciones de extrema necesidad.

El actual contexto de pandemia cumple con los requisitos de excepcionalidad, por lo que “hasta cierto punto es lógico que se haya optado por esta fórmula para gestionar la crisis”. No obstante, Montalvo advierte de que los decretos leyes son normas temporales que pueden ser revoca das por las Cortes. De hecho, de los 39 presentados en el Congreso, 21 siguen en fase de tramitación y uno ha sido rechazado. Por otro lado, dada la rapidez con la que se redactan estas leyes, no destacan precisa-mente por su precisión para abordar los distintos escenarios. O dicho en palabras del docente: “La técnica legislativa ha dejado mucho que desear, lo que ha dado lugar a una importante inseguridad jurídica”.

Restricciones a la movilidad

Las dudas legales han estado en el centro del debate público desde la entrada en vigor, el 14 de marzo de 2020, del primer estado de alarma. Esto supuso el confinamiento de la población y la paralización de todas las actividades, salvo las esenciales. Las discrepancias jurídicas han continuado durante las sucesivas prórrogas y la aprobación del nuevo estado de alerta, vigente hasta el próximo 9 de mayo. Muchos expertos inciden en que estos textos legales han optado por una fórmula “inconcreta” para establecer un régimen sancionador en caso de incumplimiento de restricciones a la movilidad. Básicamente, todos los decretos de alarma disponen que la inobservancia de las medidas sanitarias se sancionará “con arreglo a las leyes”. Es decir, sin definir ninguna en concreto, lo que podría dar lugar a la anulación de un gran número de sanciones.

Normativa laboral como decreto ley

La pandemia no solo ha desencadenado un torrente de normas que restringen la libertad de movimiento. También ha dado lugar a 14 leyes (12 de ellas, en forma de decreto ley) que han tenido por objeto el ámbito laboral.

Luis Enrique Fernández, socio de Pérez Llorca, destaca de todo este enjambre normativo los famosos ERTE por el Covid-19. El letrado afirma que esta figura, que permite suspender contratos de trabajo por determinadas causas económicas o de fuerza mayor, ha sido clave para salvar cientos de miles de empleos. No obstante, señala que ahora estos procedimientos están desembocando “en una situación bastante conflictiva” debido, fundamentalmente, a las limitaciones al despido que llevan aparejadas.

Y es que las empresas que solicitaron un ERTE tienen la obligación de mantener el mismo nivel de empleo hasta seis meses después de la vuelta a la actividad.  No obstante, no está claro si en caso de incumplimiento tienen que devolver todas las cotizaciones a la Seguridad Social o solo las del trabajador cesado. Tampoco se sabe a ciencia cierta el alcance del “prohibido despedir” por causas relacionadas con el Covid. Es decir, si los despidos que se han producido a raíz de la pandemia deben ser considerados improcedentes o nulos de pleno derecho. “Son cuestiones que ahora deberá resolver el Tribunal Supremo”, destaca Fernández.

Asimismo, durante la crisis sanitaria se han impulsado la ley del teletrabajo y dos decretos de transparencia retributiva. “Todas estas medidas eran necesarias para el avance de la igualdad y la conciliación familiar”, en opinión de Alba Con-de, responsable del área laboral de Grant Thornton. A pesar de ello, advierte de que deben ser negociadas con los sindicatos y, por tanto, también pueden convertirse en una fuente de litigios.

Incentivos fiscales y ayudas

Los conflictos laborales llegan en un momento crítico para muchas empresas. En un principio, el Gobierno optó por ayudar a las compañías más afectadas por el Covid a través de aplazamientos fiscales y una línea de avales (créditos ICO), pero no se planteó inyectar liquidez, como sí han hecho otros países de Europa. Ahora, el Ejecutivo ha reculado, anunciando un paquete de ayudas directas de 11.000 millones de euros para empresas en apuros. “Este cambio ha sido posible gracias a que la UE ha permitido a España un mayor endeudamiento para dar anticipos y subvenciones directas, pero está por ver cómo se concretan estas ayudas y si finalmente llegan a tiempo”, apunta Elisa Gil, directora del área de políticas públicas de PKF Attest.

Entre tanto, y desde marzo de 2020, sigue en suspenso la obligación de presentar concurso de acreedores, otra medida paliativa que puede generar muchas complicaciones, según Jordi Albiol, socio de DWF: “Si bien fue una buena idea al principio dar un margen para la renegociación de deudas, ahora nos encontramos con una bolsa considerable de empresas que están económicamente acabadas”. En ese sentido, el jurista augura un incremento de las quiebras tras el fin de la moratoria “que podría provocar un efecto dominó”.

Desahucios y decreto ley

La vivienda también ha estado en el punto de mira del legislador, con un total de cinco reales decretos leyes aprobados hasta la fecha. Tal y como apunta Itxaso López, codirectora del área de derecho inmobiliario de Dentons, las modificaciones más relevantes en esta materia han sido la sus-pensión de desahucios cuando el inquilino pertenece a un colectivo vulnerable y la posibilidad de pedir una moratoria en el pago del alquiler y las hipotecas.

A este respecto, López comenta que estos decretos también han supuesto un cierto alivio para los arrendatarios de negocios afectados por la crisis. Ahora bien, critica que “no se han cubierto todos los supuestos y además las medidas han llegado un poco tarde para muchos pequeños comercios que han tenido que echar el cierre”.

Si usted tiene dudas sobre esta noticia sobre el uso abundante del decreto ley, no dude en consultar aquí con los experto de Serveco. ¡Estaremos encantados de atenderle!

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