El Gobierno subirá el IRPF a las rentas altas y asestará un duro castigo fiscal a las empresas en 2021. Así lo desvelaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un breve acto para escenificar su acuerdo presupuestario antes de que empezara el Consejo de Ministros y así lo incluye el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que aprobó a continuación el cónclave ministerial y que hoy entra en el Congreso, que contiene una catarata de subidas de impuestos con un impacto de 8.270 millones de euros entre 2021 y 2022.
Finalmente sí habrá subida del Impuesto sobre Sociedades en plena pandemia, a pesar de que el propio Sánchez declarara en agosto que se fiaba a más adelante ante la crisis que ha causado el coronavirus, y de que tanto la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistieran en que se esperaría a un momento más propicio del ciclo. En cambio, la rebaja del tipo nominal de dos puntos para pymes se ha caído. Sí que están recogidas las alzas previstas del IRPF, de Patrimonio, el recorte a la deducción de los planes de pensiones, la subida de la fiscalidad del diésel y el golpe fiscal a las Socimi, así como un
alza de las primas de seguros y la creación de un impuesto a los residuos, además del de los envases de plástico. El conjunto de subidas supondrá 6.085 millones en 2021 y 2.185 en 2022. En cambio, la imposición de un IVA del 21% a la sanidad y educación privadas que Hacienda reconoció estudiar se ha caído del proyecto. Preguntada por el particular, Montero admitió que estaba prevista en el Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas el 15 de octubre, que preveía un aumento de la imposición indirecta de 1.509 millones en 2021, cuando la subida del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21% que sí se ha aprobado prevé reunir 340 millones.
Este trasvase de subidas, que Montero atribuyó a “las negociaciones”, no le ha impedido al Gobierno que las cifras del alza fiscal comunicadas a la Comisión Europea sean muy similares a las aprobadas. La ministra justificó las subidas de impuestos en que no puede haber “justicia social sin justicia fiscal”, y aseguró que el Gobierno “ha tenido en cuenta la crisis actual para acompasar las medidas fiscales al objetivo de reconstrucción económica y social”. El alza del IRPF será de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros, que, según Montero, “sólo afecta al 0,07% de los contribuyentes”. Asimismo, se incrementa en tres puntos para las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará al 0,08% de declarantes.
Ambas medidas afectan a unos 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total, y prevén recaudar 491 millones entre 2021 y 2022 por efecto de la campaña del impuesto. Preguntada por la subida inicial prevista, de dos puntos para rentas desde 130.000 euros y de cuatro desde 300.000 (y de cuatro puntos para el ahorro desde 140.000 euros), Montero avisó de que no se ha descartado y subrayó que todavía queda mucha legislatura.
La estimación de caída de ingresos tributarios en 2020, de 27.413 millones, del 5,6%, no le impide al Gobierno prever un alza del 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, “por el ciclo económico y algunas medidas fiscales”. A pesar del desplome de Sociedades que calcula para 2020, a 17.993 millones –frente a los 23.732 reunidos en 2019, que ya supusieron una caída del 4,4%–, Hacienda estima un alza del 20,7% en 2021, a 21.720 millones. En el Impuesto sobre Sociedades, se gravarán un 5% las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años. Montero aclaró que se trata de dividendos y plusvalías del exterior e interiores. Calcula que podría afectar a 1.739 sociedades, de las más de millón y medio de declarantes en Sociedades. Hacienda estima un impacto de 1.520 millones en 2021 y 2022, aunque si se aplica un 5% al volumen total de dividendos y plusvalías el efecto sería de cerca de 1.800 millones. Preocupa especialmente a las empresas el efecto cascada, por el que de la doble imposición inicial de gravar a la filial que genera los dividendos y ya ha tributado, se pasa a múltiples imposiciones, según la estructura de filiales.