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Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prevén unos ingresos récord para financiar un nivel de gasto público nunca antes alcanzado. Su principal motor será el IRPF, ya que el Ejecutivo augura un avance de su recaudación superior a los 8.000 millones, más de la mitad de los cuales serán extraídos de la clase media. Si se extrapolan los datos de la Agencia Tributaria sobre la contribución de cada tramo de renta a la recaudación total del IRPF en cada año, la conclusión es que el 60% de los ingresos extra en este capítulo correrán a cargo de ese segmento de la población.

El grueso de contribuyentes que compone la clase media canónica se encuentra en los tramos de 21.000 a 60.000 euros anuales, que suman más de 7,5 millones de personas, a los que habría que sumar parte de las rentas inferiores a 21.000 euros.

Los contribuyentes en la banda de 21.000 a 30.000 euros son unos 3,5 millones de personas que aportan unos 13.000 millones, el 15% del total de los ingresos, con una media de 3.755 euros al año en su declaración de la renta. Por su parte, aquellos que están en el tramo de 30.000 a 60.000 euros son casi 4 millones de contribuyentes que aportan otros 32.000 millones de euros, el 37% del total de ingresos de la partida del IRPF, con una media en su declaración de la renta cercana a 8.000 euros.

Excluyendo las rentas a partir de 60.000 euros anuales, el grueso de las rentas del segmento de contribuyentes analizado asumirá unos 4.850 millones de euros de la mejora de la recaudación del IRPF, el 60% de este esfuerzo extraordinario ante la ausencia de beneficios fiscales como la deflactación.

Sobre el mayor rendimiento del IRPF en el grueso de las rentas tendrá que ver, así, la persistencia del impuesto en la sombra que supone la no deflactación de los tipos del IRPF en un ejercicio como 2023 en el que el IPC continuará registrando tasas medias superiores al 4%.

Ingresos no financieros

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha previsto un incremento de los ingresos no financieros del Estado de un 6%, que en términos absolutos equivale a 17.422 millones de euros, pasando de los 290.023 millones de euros de 2022 a 307.445 millones de euros en 2023.

En lo relativo a ingresos tributarios, Hacienda pronostica un incremento del 7,7%, donde los impuestos son los que más crecen de media, con un 8,2%, ademas de otros ingresos, con un 19,8%. El Impuesto sobre la Renta, con un aumento del 7,7% en 2023, prevé crecer en 8.083 millones de euros, mientras Sociedades, también con una subida del 7,7%, supondrá una recaudación de más de 2.036 millones de euros. Finalmente, el IVA subirá un 5,9%, unos 4.782 millones de euros.

En el apartado de ingresos no tributarios, el Estado prevé un descenso de un -2,8%, con una pérdida en la recaudación de 1.287 millones de euros.

La semana pasada, el Gobierno anunciaba el impuesto de Solidaridad de las rentas altas. Un tributo diseñado por Moncloa para cuadrar sus cuentas públicas con la perspectiva de la justicia social y la eficiencia económica. Con una previsión de recaudación de 1.500 millones de euros en dos años, la tasa está pensada para aplicarla durante dos años, pero abierta a prórroga en función de la duración del conflicto bélico abierto por Rusia en Ucrania.

Un impuesto baldío

La efectividad del impuesto está cuestionada, bien por la posible injerencia sobre autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, bien por una doble imposición sobre el impuesto de Patrimonio.

Y es sobre este impuesto, sobre el de Patrimonio, donde los fiscalistas alertan de una recaudación sobredimiensionada previsa en las cuentas presupuestarias, ya que se trata de impuesto que recae sobre el capital mobiliario, y ese capital no funciona como el de la renta, y se puede escapar.

María Crespo, directora de la Fundación Civismo, señala esta eventualidad anticipando que las rentas altas se marcharán a otros bancos de la UE, sin necesidad de buscar un paraíso fiscal. Y esta actuación -añade-, no necesita de una gran logística. Y ahí, subraya, “está Portugal”.

En este caso, para la fiscalista Crespo, la gran paradoja de la política fiscal de Sánchez reside en, por un lado promover una tasa para los ricos que supone una barrera, y por otra incentivar el régimen de impatriados reduciendo de 10 a 5 años la residencia que intenta atraer rentas altas del extranjero.

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