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La Justicia europea se pronunciará este mes sobre la cuestionada declaración de bienes en el extranjero, el polémico Modelo 720, impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Está previsto que el Abogado General de la Unión Europea presente sus conclusiones sobre este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 15 de julio. El magistrado se pronunciará por primera vez después de que en 2015 la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España por esta medida.

¿Qué es el Modelo 720?

El Modelo 720 exige a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y la normativa establece elevadas multas. Estas sanciones  pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. La Comisión Europea, al no encontrar respuesta de España a su dictamen, remitió al TJUE el expediente sobre esta declaración de bienes en el extranjero. Este hecho se produjo al considerar que su normativa impone sanciones “desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros Estados de la UE”.

Las conclusiones del Abogado General serán el último paso antes de la sentencia definitiva. Sin embargo, los argumentos que esgrima este instructor determinarán, con un alto grado de probabilidad, la decisión final del Tribunal. En más de un 90% de los casos, las conclusiones del Abogado General coinciden con el sentido de la sentencia final del TJUE.

La inmensa mayoría de juzgados y tribunales españoles están acordando la suspensión de las actuaciones relacionadas con el cuestionado Modelo 720. Ante la inminente respuesta del Tribunal de Luxemburgo, consideran que es mejor esperar a que la Justicia europea se pronuncie sobre el asunto.

Opiniones de expertos

La mayoría de expertos en impuestos, fiscalidad y juristas tributarios apuestan porque la Justicia europea terminará tumbando el Modelo 720. Muchos jueces han expresado ya reticencias en sus sentencias. En abril del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rebajó a 10.000 euros una sanción de 125.000 euros. Esta decisión fue impuesta por la Inspección por la no presentación del Modelo 720 de 2012. Este fallo cuestionó la proporcionalidad del régimen sancionador y, en concreto, de la sanción formal de 5.000 euros por cada dato no declarado o declarado incorrectamente. Además, existe un gran número de Resoluciones de Tribunales Económico-Administrativos (TEA) y de sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Dichas resoluciones han anulado sanciones derivadas del Modelo 720.

“La Comisión Europea se ha propuesto acabar con esa arma de destrucción masiva que el legislador puso en manos del Fisco a finales de 2012”, explica el abogado Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence. Del Campo fue quien llevó este asunto a la Comisión Europea. “El Modelo 720 puede, literalmente, acabar con grandes defraudadores, pero también con modestos ahorradores despistados y con muchos extranjeros que han fijado aquí su residencia y mantienen bienes fuera”, añade.

Alarcón y el Modelo 720

Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, es otro de los abogados que con más asuntos sobre esta declaración tributaria. Alarcón fue quien consiguió sacar a la luz el duro Dictamen de la Comisión Europea contra España por este asunto, que el Gobierno guardaba en secreto. Lo exigió como prueba en un procedimiento ante la Audiencia Nacional. “El contenido de la publicación del recurso que ofrece el DOUE es muy relevante porque deja muy claros los motivos por los cuales la Comisión Europea incoa el procedimiento judicial contra España”, explica. Entre estos motivos, estuvieron las promesas de reforma del Gobierno español a Bruselas, que finalmente no se produjeron. La Comisión Europea llevó entonces el asunto al TJUE.

“Los efectos de una sentencia que condene a España pueden ser demoledores, porque lo normal es que tenga eficacia retroactiva, desde la entrada en vigor de la normativa, vinculando a los Tribunales y a la Administración del Estado condenado”, señala Alejandro del Campo. “Podría determinar la anulación de sanciones y otras consecuencias derivadas de la normativa (IRPF exigido por la Administración Tributaria, o autoliquidado voluntariamente por los contribuyentes en relación con rentas prescritas para evitar sanción del 150%) y la devolución de cantidades millonarias”, añade. Incluso, el fallo podría determinar responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en este caso España, y exigir indemnizaciones para los afectados.

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