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El Gobierno ha decidido limitar los pagos en efectivo de los clientes a 1.000 euros. Así lo ha anunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.  Por si no estuvieran ya suficientemente dañadas la actividad y las cuentas de estas empresas por la pandemia, ahora se añade este duro golpe a los comercios españoles.

El Congreso de los Diputados aprobó esta decisión en el marco de la Ley de lucha contra el fraude, que comanda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para el Ejecutivo, el uso de grandes cantidades de dinero por parte de los ciudadanos es sospechoso de fraude. “La utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita comportamientos defraudatorios”, inició el Gobierno. “Con la limitación del metálico, se facilitará la trazabilidad y la posibilidad del rastreo de las operaciones y se dificultará que se incurra en prácticas fraudulentas”, justifica este órgano.

¿Qué supone limitar los pagos en efectivo para los comercios?

Esta decisión ha escandalizado a los representantes de los sectores afectados. Los comerciantes han acusado al Ejecutivo de llevar a cabo “un ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España“. Este miércoles, ANGED (la patronal de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour), la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), la patronal del textil ACOTEX y la Confederación Española de Comercio (CEC) han dado una rueda de prensa. En el evento, estas asociaciones alertaban de “la barrera innecesaria al consumo” que supone la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros. “Supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tienen un elevado coste para ciudadanos y comerciantes”, explicaron. Además, pusieron como ejemplo los pagos “ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta”.

Para el director general ANGED, Javier Millán-Astray, se trata de “una medida inoportuna”. Según su experta opinión: “Esta decisión va a incidir negativamente en la recuperación del comercio, uno de los más afectados por la pandemia”. Según sus cálculos, este sector ha perdido 60.000 puestos de trabajo por los cierres de entre 90. Además, se han de añadir más de 200 días que han sufrido algunos negocios debido a las restricciones por el coronavirus. “Lo que necesitamos es favorecer la recuperación del consumo y no medidas como esta, que suponen poner palos en la rueda a la recuperación”, ha asegurado Javier Millán-Astray.

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