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El Gobierno ha puesto presentado su nuevo paquete de medidas destinadas a favorecer la creación de compañías, fomentar su crecimiento y aliviar su morosidad. En este texto, la Jefatura del Estado plantea eliminar el requisito de aportar 3.000 euros para la constitución de una sociedad, entre otras medidas. Estas decisiones formarán parte del paquete de reactivación y asistencia empresarial que ultima poner en marcha ante el alargamiento de la crisis del Covid-19. En un documento abierto a consulta pública, hasta el próximo 19 de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital plantea los problemas que busca resolver y algunas de las principales líneas de actuación. Estas serán abordas en su nueva Ley de Impulso a la Creación y Crecimiento Empresarial.

¿Cómo acabará el Gobierno con el requisito de aportar 3.000 euros?

Una vez recibidas las aportaciones y peticiones de los actores económicos interesados, el Gobierno planea redactar un anteproyecto de ley, que también someterá a consulta antes de su tramitación. La iniciativa se enmarca en el apartado decimotercero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez, esta iniciativa está dentro del paquete de reformas que España propondrá a la Unión Europea para acceder a las ayudas comunitarias. Este país planteará la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento. ¿Cómo? Pues, a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

En el documento, cuyo contenido fue avanzado el viernes por El País, Economía plantea eliminar el requisito de aportación de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, y apuesta en su lugar por permitir el procedimiento aportando solo un euro de “capital funcional”.

Otros objetivos del documento

El texto también plantea la necesidad de permitir que la creación de empresas se efectúe de forma enteramente digital y en un plazo máximo de 10 días. Además, sin contar con la necesidad de que el constituyente se persone físicamente en ninguna instancia, tal y como ya recoge la directiva europea de digitalización pendiente de trasposición a la legislación española.

Otro de los objetivos del Ejecutivo con esta normativa es reducir las barreras administrativas que soportan las compañías. Para lograrlo, se insta a comunicar aquellas trabas especialmente pesadas en el marco de la consulta pública del documento a fin de tratar de allanar el terreno burocrático en el que se mueven en el futuro. La medida se enmarca en otro eje central de la norma: favorecer el incremento de tamaño de las pequeñas empresas.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, también subraya la necesidad de actuar para combatir el incumplimiento generalizado del periodo máximo de pago entre empresas que afecta especialmente a las pymes. Estas, ha detectado, transigen con el exceso de demora en los pagos en el que incurren las grandes empresas a fin de conservar su clientela. Todo ello, pese a la especial vulnerabilidad que sufren ante las tensiones de liquidez las empresas de menor tamaño.

Más medidas económicas

Más allá, el Gobierno trabaja en una reforma del sistema concursal que permita anticipar las situaciones de insolvencia para tratar de resolverlas antes de que se consumen. También, pretende que agilice los trámites de liquidación cuando sea inevitable. Una medida clave para afrontar el potencial aluvión de insolvencias que puede traer la crisis. Es especialmente relevante una vez finalice la moratoria concursal vigente, de momento, hasta mediados del mes de marzo.

Por otra parte, la vicepresidenta económica confirmó esta semana que prepara un plan de ayudas directas a empresas de cara al mes de marzo. Si bien su tipología está siendo aún negociada con la banca, se ha planteado un sistema de quitas sobre los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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