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El esquema de incentivos al emprendimiento (también conocido como tarifa plana para autónomos) en nuestro país carece de la potencia de fuego y la eficacia necesaria para lograr impulsar a los nuevos autónomos. Y, aún menos de conseguir que estos recientes empresarios prolonguen su actividad en el tiempo. Así lo pone de manifiesto los datos sobre el uso de la tarifa plana de autónomos en España, principal vía de aliciente para la creación de negocios y de empresas. Según los últimos datos de mayo de 2021, aproximadamente el 15% de los autónomos españoles está disfrutando de esta ayuda. Sin embargo, tan solo el 13% de estos trabajadores por cuenta propia, unos 63.000, sobreviven laboralmente pasados los dos años.

La tarifa plana para autónomos

La tarifa plana para autónomos es una medida para impulsar el colectivo que consiste en el pago de una cuota mensual reducida, de 60 euros, a la Seguridad Social durante dos o tres años. Esta cuota sustituye a los 286,15 euros que constituyen la cuota mensual mínima en 2021.

“La falsa creencia de que este sistema de fomento del trabajo autónomo es el correcto nos ha llevado a un gasto desmesurado de la Seguridad Social, sin que exista una correspondencia con la implantación de actividades económicas estables. Este hecho sólo ha servido para maquillar la realidad del mercado de trabajo por cuenta propia”, aseguraban los miembros de la asociación UPTA. Este es el nombre del conjunto de las asociaciones representantes del colectivo.

“España gasta, en su conjunto, algo más de 1.200 millones de euros en esta ayuda, 700 millones de la Seguridad Social, y el resto se completa con las ayudas complementarias de algunas comunidades autónomas”, expone la asociación. Además, argumenta que la tasa de reemplazo que existe entre los autónomos que entran y que salen del sistema no ha variado en los últimos años. “En el año 2020 se afiliaron unos 650.000 trabajadores por cuenta propia y otros tantos desaparecieron. Esta tendencia no se ha corregido a lo largo de la última década, más bien todo lo contrario”, apuntan.

Nuevo sistema de cotización

Más allá, la radiografía de la eficacia de esta ayuda se completa con el cruce de datos de Hacienda y la Seguridad Social. En esta información, se aprecia cómo se benefician los autónomos de esta tarifa plana según el nivel de ingresos que registran. En este sentido, el 20% de los trabajadores por cuenta propia con tarifa plana obtienen rendimientos de trabajo por encima de los 12.000 euros anuales. Es decir, que no hacen frente al pago completo de la base de cotización mínima. Mientras que un 17% de los autónomos que disfrutan de esta ayuda actualmente obtienen rendimientos económicos entre los 15.000 y los 45.000 euros al mes.

Según apuntan desde la asociación, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales debe corregir esta nefasta política de incentivos al autoempleo. Asimismo, señala que, por otra parte, jamás debió haber sido sufragado con presupuestos de la Seguridad Social. Pero consideran que si debiera haber formado parte de las políticas activas de empleo desarrolladas por el Sepe.

Así, Eduardo Abad, presidente de UPTA, asegura que “no estamos en contra de que se desarrollen medidas que ayuden a rebajar los costes que soportan los emprendedores en el inicio de su carrera como trabajadores autónomos”. Aunque plantea que “la tarifa plana debería estar perfectamente justificada. Cada beneficiario tendría que solicitarla en base a un proyecto de negocio sólido y fundamentado. Esto ocurre por ejemplo con los emprendedores extracomunitarios cuando quieren acceder al permiso de trabajo por cuenta propia”.

Fecha de caducidad

Más allá, parece que la prevista implantación del nuevo sistema de cotización en relación con los ingresos reales podría acabar con esta fórmula de tarifa plana. Es así, ya que los trabajadores estarán sujetos a una cuota modulada en base a sus rendimientos netos.  Por eso, se ajustará a la baja a los que menos ganen y al alza a quienes obtengan elevados ingresos, en función de un sistema de tramos.

Con todo ello, el Ejecutivo ha aplazado al próximo año el detalle de la propuesta para la cotización del colectivo, que con los nuevos plazos debería de entrar en vigor a partir de enero de 2023. Sin embargo, la discrepancia entre el Gobierno y algunas entidades representantes del colectivo podrían dilatar el diseño de este esquema. Ahora, el ministerio se verá obligado a aquilatar el modelo con los agentes sociales en una mesa de negociación específica.

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