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Desde el pasado 3 de marzo de 2016 el Tribunal Constitucional ha variado su postura en relación con los requisitos que tenían que cumplir las empresas para que pudieran grabar mediante cámaras el desempeño de sus trabajadores.

Hasta esa fecha, si el empresario quería grabar un específico puesto de trabajo, debía de cumplir al menos tres requisitos:

  • El trabajador tenía que saber que SU puesto de trabajo estaba siendo grabado.
  • Dichas grabaciones no podían lesionar la dignidad del trabajador (como por ejemplo vestuarios, aseos o cualquier otra zona que atentara contra dicha dignidad)
  • Las cámaras no podían tener zoom de manera que se pudieran leer los labios y las conversaciones de los trabajadores

Pues bien, el requisito que ha cambiado el Constitucional es el primero, y es que el caso que le ha servido de base al Alto Tribunal para modificar su criterio ha sido el de una empleada de unos grandes almacenes, de la cual se sospechaba que estaba hurtando dinero de la caja.

La empresa tenía pegados carteles por toda la tienda informando al público de que se estaba en una zona videovigilada a los efectos de cumplir la ley de protección de datos. La empleada que fue grabada y despedida por hurtar dinero de la caja fue grabada por una cámara que apuntaba directamente a dicha caja registradora, sin que la trabajadora fuera conocedora de ello.

Para el Tribunal Constitucional, siendo la finalidad de la grabación lícita, no siendo esta  intrusiva de la dignidad de la trabajadora afectada y habiéndose cumplido con los mandatos genéricos de la ley de protección de datos, la prueba obtenida a través de dicha grabación es lícita y por tanto el despido de la trabajadora perfectamente legal y ello pese a que la trabajadora no había sido informada previamente de que su específico puesto de trabajo estaba siendo grabado a los efectos de detectar hurtos.

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