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Una contestación vinculante de la Dirección General de Tributos, a consulta de un determinado contribuyente, de 7 de mayo pasado, se ocupa de aclarar la tributación en caso de viviendas cedidas de forma gratuita a algún familiar y, lo que es más novedoso, cuando la vivienda ha sido ocupada en contra de la voluntad del afectado.

Con respecto a la primera situación está lo suficientemente regulado que el propietario debe probar la gratuidad de la cesión, en cuyo caso procede la imputación como renta inmobiliaria, es decir el famoso 2% o 1,1% del valor que proceda considerar para el cálculo de los anteriores porcentajes.

Si el inmueble ha sido objeto de ocupación ilegal, habiendo iniciado el propietario el correspondiente procedimiento judicial para lograr el desalojo, no tendrá que imputarse rendimiento alguno.

Ahora bien, señala la contestación que en la ocupación ilegal del inmueble, «podría surgir  un rendimiento de capital inmobiliario equivalente (al de arrendamiento decimos nosotros), por la indemnización fijada en la sentencia que resolviera el procedimiento de desahucio, en la parte que correspondiera al lucro cesante o a la compensación por el valor de mercado de dicho uso y disfrute ilegal si bien la existencia de este último rendimiento y su consiguiente sujeción al impuesto estaría condicionada a su reconocimiento en la referida sentencia.»

Además, añade la contestación que la exclusión del régimen de imputación de rentas inmobiliarias opera desde  el momento en que se inició dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución.

O sea, que si le ocupan un inmueble inicie el procedimiento el procedimiento de desahucio de inmediato, pues en caso contrario va tener un rendimiento aunque no pueda disfrutar de él y tenga que satisfacer determinados gastos –IBI, agua, etc-; al menos eso se desprende la literalidad de la contestación de la DGT. Se nos ocurre si no sería prueba suficiente del hecho de la ocupación la denuncia en la Policía, y es que haber de gastarse el dinero en un procedimiento judicial siendo el adversario un okupa no parece que sea muy rentable. Vamos, que la posibilidad de obtener una indemnización se nos antoja lejano. Y si se fija indemnización y no se cobra, ¿habrá de obtenerse la declaración de insolvencia para que no se sujete a tributación aquella?.

En fin, que cualquier asunto tributario tiene muchos matices.

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