El Tribunal Supremo ha anulado la tasa creada en 2016 por el Ayuntamiento de Barcelona y que grava las viviendas que lleven más de dos años vacías. El Supremo ha confirmado la decisión tomada hace dos año por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando argumentó que el Ayuntamiento no tiene la facultad de imponer este gravamen, cuya competencia corresponde a la Generalitat de Catalunya.
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