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La crisis económica que tanta repercusión tuvo en materia financiera, empleo, y en la política nacional en general, alcanzó a un tributo que venía gozando de cierta estabilidad y aceptación –qué remedio- entre los ciudadanos, a pesar de que las liquidaciones no eran en muchos casos de pequeña cuantía. Nos referimos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido popularmente como Plusvalía municipal; el que se devenga cuando se transmite un inmueble urbano y toma como base para su cálculo el valor del terreno de aquel.

La tremenda importancia de la crisis supuso que se aceptase a todos los niveles, incluido el judicial, que el mercado inmobiliario se había venido abajo, que los precios pagados por los inmuebles, bien fuesen solares o edificaciones no tenían nada que ver con los valores de mercado cundo se intentaban vender, si es que se conseguía encontrar un comprador. Así pues llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional un recurso que planteaba la constitucionalidad de la regulación legal del tributo en cuestión, ya que el cálculo de la cuota a satisfacer se realiza en base el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, sin tener en cuenta si el precio de adquisición es superior al de venta, por ejemplo.

Y dado que un principio básico de nuestro sistema tributario es el de capacidad económica, art.31 de la Constitución, por la más elemental lógica, si se pagó por un terreno más de lo que se obtiene por su transmisión no hay capacidad económica alguna. De manera que en tales supuestos no cabe exigir el impuesto, es inconstitucional.

Pero eso tan lógico, en la práctica ha venido provocando dificultades a la hora de aplicar el impuesto; entre otras razones porque a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración de inconstitucionalidad, no se ha promulgado una ley que regule este asunto. De manera que ha tenido que ser la jurisprudencia del Tribunal Supremo quien esté poniendo orden en el asunto. Así se ha encargado de fallar, por ejemplo, cómo se demuestra que la transmisión ha supuesto una minusvalía, manifestando que puede probarse con las escrituras de adquisición y transmisión del terreno. También ha expresado que la inconstitucionalidad se predica cuando no ha habido ganancia pero que el tributo, en su modo de cálculo reglado, es válido en caso de que sí la haya. De la misma manera ha rechazado el cálculo admitido por una Sala de lo Contencioso, conocida como la sentencia de Cuenca, porque no es la que literalmente contempla la Ley.

Recientemente otra sentencia del Supremo, 12 de marzo de 2019, se ha pronunciado sobre un asunto también de evidente interés: ¿sirve para probar que no ha habido incremento los gastos de urbanización que hubo de sufragar el contribuyente tras la adquisición y antes de desprenderse del terreno?. El Supremo niega tal posibilidad puesto que “los gastos de urbanización se producen en momento posterior al de adquisición…y las referencias interpretativas de las normas que regulan el tratamiento de los incrementos de patrimonio en la legislación del IRPF o en el I.s/Sociedades resultan por completo ajenas a la manifestación de capacidad económica que resulta gravada en IIVTNU”. Es más razona que esos gastos se integran en el valor de los terrenos que se refleja en el precio de la transmisión.

Pero el asunto no ha finalizado pues el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en concreto se duda si respeta la Constitución el exigir una deuda tributaria, aun existiendo plusvalía, que es mayor que la ganancia, o como se gradúa la tributación si se puede exigir la misma cuota cuando se ha obtenido una ganancia del 1% que del 50%. En definitiva lo que plantea el Juzgado madrileño es si se respeta el principio de capacidad cuando la cuota a liquidar no es proporciona al incremento que grava. Nos viene a la memoria un precepto de la antigua Ley General Tributaria, la de 1963, que establecía el deber de “reducir de oficio  la deuda tributaria cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento”. O sea que sin principio de capacidad económica rector de nuestro sistema tributario se aplicaba algo lleno de lógica. Ya veremos cuando el legislador se ocupa del asunto.

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