Las autonomías podrían dejar de ingresar cerca de 1.000 millones de euros por la bonificación del 100% sobre el Impuesto de Patrimonio que introdujo el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2016, donde se establecía la prórroga del tributo, con una modificación en el artículo 33 que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2017. “Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100% a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir”.
En el caso de que se prorroguen las cuentas del Estado, a partir del 1 de enero todas las comunidades estarán obligadas a bonificar este impuesto. Se trata del último obstáculo que se le ha presentado a las comunidades autónomas como consecuencia de que el Ejecutivo se encuentre todavía en funciones.
Vía Cinco Días